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El alcalde ha dado hoy traslado a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, y al ministro de Justicia, del acuerdo de pleno del pasado 21 de enero.

El 30 de junio de 2020 se prevé la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil. El artículo 22 de la citada norma establece que en cada Comunidad Autónoma o ciudad, con Estatuto de Autonomía, se ubicará, al menos, una Oficina General de Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, con competencias ejecutivas en la materia, podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General de Registro Civil, por cada 500.000 habitantes.

Excepcionalmente, por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras tres Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma. En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de los territorios, Canarias y Baleares contarán, en todo caso, con al menos una Oficina General de Registro Civil, en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente ley.

El pasado 21 de enero, el pleno del Ayuntamiento de Barruelo de Santullán, por unanimidad de toda la corporación, manifestó que “entendemos que la prestación que se realiza desde el Registro Civil de nuestra localidad es un servicio fundamental, que según se deriva de la redacción del articulado de la Ley 20/2011, está claramente en peligro al no verse garantizado por la presente norma. Los ciudadanos del medio rural, más aún si cabe, los que como los barruelanos y vecinos de las pedanías, se encuentran alejados de la capital, requieren de unos servicios dignos, acorde con las necesidades del territorio, y que no ahonden más en las claras deficiencias territoriales que padece nuestro país, como consecuencia de la despoblación”.

Por todo ello, este lunes, el alcalde ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, para qué se de traslado de la misma, a las distintas fuerzas políticas; y otra al ministro de Justicia, en las que se solicita “el mantenimiento de dichos servicios, para acercar la administración al ciudadano, y no alejarla”.




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