Ante las reiteradas manifestaciones realizadas por los concejales de la oposición, en las que denuncian que el equipo de gobierno no consensúa con ellos la convocatoria de los plenos, creemos necesario aclarar que estos se convocan conforme a la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos. Se puede discrepar sobre la fecha o la hora, pero una convocatoria ajustada a la legalidad no debe convertirse en un problema institucional.

Por otra parte, conviene señalar que, en sus manifestaciones, omiten un hecho relevante: el pasado mes de abril, desde dependencias municipales se realizaron varios intentos de contacto con ellos antes de convocar el pleno de adjudicación de la minicentral, con el objetivo de buscar entendimiento y facilitar su asistencia, dada la importancia del asunto para el municipio.
Se trató de abrir una vía de diálogo, colaboración y responsabilidad institucional, pero la respuesta fue la de siempre: silencio, falta de apoyo y ausencia de voluntad de participación. De hecho, ninguno de los concejales de la oposición asistió al pleno celebrado finalmente el 7 de mayo, para posteriormente manifestar públicamente que la convocatoria no había sido consensuada con ellos.

Asistir a los plenos no es una sugerencia ni una actividad voluntaria a la que uno acude cuando le resulta conveniente, sino que forma parte de las obligaciones y responsabilidades que se asumen cuando los vecinos depositan su confianza en sus representantes.

Quizá esta actitud no debería sorprendernos demasiado cuando, incluso cuando asisten, la aportación suele ser la misma: la abstención. Ni sí ni no; ni propuestas ni alternativas; ni construir ni asumir una posición clara. Porque abstenerse de forma puntual puede responder a una decisión política legítima, pero convertirlo en una costumbre empieza a parecer una forma muy cómoda de evitar responsabilidades.

El diálogo siempre es positivo y la mano tendida debe existir, pero gobernar no permite permanecer a la espera de que una oposición que ni aporta ni participa decida implicarse.

Se nos dice que, a estas alturas, no vamos a cambiar y, efectivamente, así es: las convocatorias de los plenos se realizan conforme a la ley y así continuará haciéndose, porque las instituciones funcionan con normas y obligaciones, no con excusas. Lo que parece que algunos confunden es que cumplir la ley no constituye un problema; el problema es incumplir la responsabilidad asumida ante los vecinos cuando se convierte en norma no asistir a los plenos.

Representar a un municipio no consiste en aparecer únicamente para la crítica y desaparecer cuando toca trabajar o reaparecer a pocos meses de una nueva convocatoria electoral. No consiste en buscar titulares fuera del pleno mientras se deja vacía la silla dentro de él. Hacer oposición es legítimo y necesario en democracia. Lo que deja de ser comprensible es convertir la crítica permanente en la única forma de participación política.